¿Cuántos años de prisión por fraude con tarjetas de crédito?
El fraude con tarjetas de crédito se castiga con penas de prisión no superiores a cinco años o detención penal.
Si el autor del fraude ha utilizado el bien fraudulento para saldar deudas o lo ha transferido a otra persona, y en cualquiera de las siguientes circunstancias, deberá recuperarlo conforme a la ley:
1. La otra parte recibió a sabiendas la propiedad fraudulenta;
2. La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta de forma gratuita;
3. que sea significativamente más bajo que el precio de mercado;
4. La otra parte obtiene la propiedad fraudulenta. La propiedad fraudulenta se origina a partir de deudas ilegales o actividades ilegales y criminales.
El delito dejará de ser perseguido después del siguiente plazo:
1. La pena máxima legal es defraudación patrimonial. La víctima deberá llamar a tiempo a la policía y a la agencia de seguridad pública. aceptará y revisará el caso para determinar la naturaleza del mismo. Si constituye delito de estafa, el plazo legal de prescripción para el procesamiento es de cinco años; si no constituye delito, el plazo de persecución para casos de seguridad pública es de seis meses. La víctima puede llamar a la policía dentro de los seis meses. los órganos de seguridad pública sancionarán a los autores de delitos de seguridad pública
2. Si la pena máxima legal es pena de prisión de más de cinco años pero menos de diez años, después de diez años; >
3. Si la pena máxima legal es prisión perpetua superior a diez años, transcurridos quince años;
4. Si la pena máxima legal es prisión perpetua o muerte, hayan transcurrido veinte años. . Si se considera necesario iniciar un proceso después de veinte años, deberá informarse a la Fiscalía Suprema del Pueblo para su aprobación.
Base jurídica: artículo 148 de la "República Popular China y Código Civil"
Una parte utiliza medios fraudulentos para hacer que la otra parte actúe en contra de su verdadera intención Para actos jurídicos civiles , la parte defraudada tiene derecho a solicitar al tribunal popular o institución arbitral que lo cancele.