¿Reveló el abogado personal del presidente estadounidense Trump que estaba solicitando sobornos nuevamente?
Recientemente, se informó que en diciembre de 2016, el abogado personal del presidente estadounidense Trump, Michael Cohen, pidió al gobierno de Qatar al menos un millón de dólares a cambio de información interna sobre la administración Trump.
Qatar rechazó la propuesta de Cohen, según personas familiarizadas con el asunto. El día 16, otros medios también informaron que Cohen había pedido dinero a Ahmed Rumaisi, quien en ese momento era el jefe del departamento de inversiones del fondo soberano de Qatar.
En una reunión celebrada en la Trump Tower de Nueva York el 12 de diciembre de 2016, Cohen hizo la pertinente petición a Rumaisi. Al-Rumahi le dijo a Cohen que Qatar quería invertir en el plan de Trump para solicitar financiación para un proyecto de infraestructura estadounidense. Cohen se ofreció a ayudar a Qatar a encontrar proyectos por una tarifa inicial de 1 millón de dólares.
El incidente es el último de una serie de tratos de este tipo que Cohen ha expuesto. La semana pasada, algunas empresas estadounidenses y europeas admitieron que le pagaron a Cohen. Cohen ha sido el abogado de Trump durante unos 10 años. Se autodenomina el “solucionador de problemas” de Trump.
El ámbito empresarial de los abogados es cada vez más amplio, como actuar como agentes civiles, defender a acusados penales, servir como asesores legales para agencias, grupos y empresas, redactar testamentos, manejar transferencias de propiedad y concluir contratos por cuenta de partes, Constitución de sociedades y gestión de asuntos jurídicos en materia de crédito bancario, seguros sociales y comercio internacional, etc.
Los abogados estadounidenses ejercen en su mayoría de forma privada, crean bufetes de abogados individualmente o en sociedad y cobran una remuneración elevada. La mayoría de ellos forman colegios de abogados para salvaguardar los intereses de su profesión. Algunos países también exigen que ser abogado sea una condición para desempeñarse como juez o fiscal. Algunos países tienen "defensores públicos" que generalmente están adscritos a los tribunales y reciben un salario fijo para defender a los acusados que no pueden o no quieren contratar un abogado. En Japón, para los acusados que no pueden pagar un abogado, el tribunal designa un abogado para defenderlos, lo que se denomina "defensor elegido a nivel nacional". Algunos países han establecido un sistema de subsidio legal, mediante el cual el tribunal otorgará un subsidio determinado a las partes que no tengan recursos financieros suficientes para contratar a un abogado según las circunstancias. Además, algunos países también cuentan con abogados voluntarios, financiados por organizaciones de abogados o grupos caritativos. Se turnan para visitar a los detenidos en los centros de detención para brindarles asesoramiento jurídico, ayudarlos a contactar abogados y presentar solicitudes.